Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008
A partir del próximo 3 de enero, se estima que alrededor de 2000 personas estarán involucradas en la organización del rally Argentina-Chile, desde 7 mecánicos y competidores hasta periodistas y directivos. Una gran cantidad de vehículos de gran porte o alta velocidad recorrerán buena parte del país, atravesando zonas sensibles, de alto valor ecológico y cultural, y poniendo en riesgo de vida a vastos sectores de la población que invadirán los lugares por donde pasarán las máquinas a toda velocidad.
La falta de información de las autoridades acerca del itinerario de la competencia, destinada a eludir y obstaculizar el ejercicio de las acciones precautorias que otorgan a los habitantes la constitución y las leyes, es un serio obstáculo que también impide tomar las más elementales medidas de seguridad y preservación de la Vida. Además genera una enorme incertidumbre acerca de los efectos que la carrera provocará.
Los gobiernos provinciales han obviado la mayoría de los reclamos formulados por el sector científico, aprobando el evento sin exigir ni evaluar los impactos que el evento causará en el entorno y tampoco el Gobierno Nacional tampoco ha asumido la plena responsabilidad que le compete.
FUNDAMA exhorta a las autoridades a que acaten la ley, velando por la debida preservación de la Vida, y del patrimonio natural y cultural, atendiendo las disposiciones de la Constitución Nacional en materia ambiental.
A su vez recuerda a los funcionarios de gobierno que, según dictan nuestras leyes y su actual interpretación judicial, son personalmente responsables por los perjuicios ambientales, derivados de sus actos u omisiones de su función, por lo que siempre convendrá prevenirlos.
FUNDAMA sostiene que no hay ninguna razón para eximir del cumplimiento de nuestras leyes a los organizadores de este tipo de eventos. Ellos montan un espectáculo y hacen un negocio lícito. Velar por el cumplimiento de las leyes, en especial las que preservan la Vida, compete a nuestras autoridades electas porque eso es cumplir la función para la que fueron elegidas.
En la organización de futuras competencias de este tipo, los proponentes deberán tomar la precaución de presentar la documentación con la suficiente antelación, las autoridades
deberán informar ampliamente a la comunidad y están obligados a evaluar los riesgos e impactos ambientales conforme los procedimientos vigentes, extremando los recaudos para salvaguardar la vida de las personas, y el patrimonio natural y cultural de la Nación.
Artículo relacionado
Rally Dakar: Ambientalistas piden investigar
(Diario UNO - 2 de enero de 2009 - www.diariouno.com.ar/contenidos/2009/01/02/noticia_0038.html)
La falta de información de las autoridades acerca del itinerario de la competencia, destinada a eludir y obstaculizar el ejercicio de las acciones precautorias que otorgan a los habitantes la constitución y las leyes, es un serio obstáculo que también impide tomar las más elementales medidas de seguridad y preservación de la Vida. Además genera una enorme incertidumbre acerca de los efectos que la carrera provocará.
Los gobiernos provinciales han obviado la mayoría de los reclamos formulados por el sector científico, aprobando el evento sin exigir ni evaluar los impactos que el evento causará en el entorno y tampoco el Gobierno Nacional tampoco ha asumido la plena responsabilidad que le compete.
FUNDAMA exhorta a las autoridades a que acaten la ley, velando por la debida preservación de la Vida, y del patrimonio natural y cultural, atendiendo las disposiciones de la Constitución Nacional en materia ambiental.
A su vez recuerda a los funcionarios de gobierno que, según dictan nuestras leyes y su actual interpretación judicial, son personalmente responsables por los perjuicios ambientales, derivados de sus actos u omisiones de su función, por lo que siempre convendrá prevenirlos.
FUNDAMA sostiene que no hay ninguna razón para eximir del cumplimiento de nuestras leyes a los organizadores de este tipo de eventos. Ellos montan un espectáculo y hacen un negocio lícito. Velar por el cumplimiento de las leyes, en especial las que preservan la Vida, compete a nuestras autoridades electas porque eso es cumplir la función para la que fueron elegidas.
En la organización de futuras competencias de este tipo, los proponentes deberán tomar la precaución de presentar la documentación con la suficiente antelación, las autoridades
deberán informar ampliamente a la comunidad y están obligados a evaluar los riesgos e impactos ambientales conforme los procedimientos vigentes, extremando los recaudos para salvaguardar la vida de las personas, y el patrimonio natural y cultural de la Nación.
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(Diario UNO - 2 de enero de 2009 - www.diariouno.com.ar/contenidos/2009/01/02/noticia_0038.html)
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